- Entre otros asuntos desahogados en la sesión de este viernes, se votó a favor el exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y al Gobierno Estatal, a fin de que salvaguarden los derechos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la entidad.
De los asuntos desahogados en la Diputación Permanente, destacan acciones legislativas que suman esfuerzos para atender la problemática de la escasez del agua, así como las que buscan garantizar los derechos humanos de las hijas e hijos de las madres privadas de su libertad.
En la sesión de este viernes, se dictaminó viable la Iniciativa de la Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos que exhorta al ayuntamiento de Ciudad victoria, así como a los demás municipios que presente dificultades en el tema, para que en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del 2023, se destine una partida especial de apoyo para atender el tema de escasez de agua.
Asimismo, se exhorta a la federación para que en el presupuesto de ese mismo ejercicio fiscal, también destine una partida especial en apoyo a los Municipios de Tamaulipas, y sumar esfuerzos para hacer frente a este grave problema de la falta de agua.
El Diputado Ángel Covarrubias, mencionó que esta propuesta de Punto de acuerdo pretende llevar el vital líquido a todos los habitantes, y derivado de una importante sequía es necesario que se coordinen las autoridades de los tres órdenes de gobierno para generar resultados positivos en el abastecimiento del agua.
Las y los integrantes de la Diputación Permanente coincidieron en la viabilidad de la Iniciativa impulsada por el legislador Gustavo Cárdenas Gutiérrez, pues es necesario que se las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad tengan garantizada una alimentación nutritiva y apta para su edad.
Asimismo, reciban vacunación y atención médica y pediátrica necesaria, gocen de educación inicial y cuenten con espacios adecuados para su desarrollo, por lo que la legisladora Leticia Vargas Álvarez solicitó respaldar el exhortó la Secretaría de Seguridad Pública y al Gobierno Estatal, a fin de que salvaguarden estos derechos en los centros penitenciarios.
