– Comisiones Unidas de Justicia y Salud darán a conocer este miércoles 23 de noviembre del 2022, procedencia de iniciativa que contemple cambios en las leyes para no criminalizar la actividad médica. Informó el Dr. Vicente Placencia Valadéz, profesional de Cirugía Estética en Tamaulipas
Por G. Rodríguez
El pasado mes de octubre el H. Congreso de la Unión de Tamaulipas, celebró una reunión de trabajo para analizar la iniciativa que contempla el no criminalizar la actividad médica durante su ejercicio, ya que los médicos trabajan bajo el temor de ser penalizados, documentos que tardaron 6 meses de estudio y en donde se preveen cambios en la ley penal y de salud.
Cada uno de los diputados en comisiones expresaron sus análisis en base a experiencias en donde por un lado manifestaron sus consideraciones a los intereses de asociaciones de médicos cirujanos, quienes con años de estudio y preparación en su profesión se han visto involucrados en la penalización y por otro lado se busca que las instituciones médicas, se responsabilicen de procedimientos y acontecimientos que abarcan ciertas circunstancias, buscando se cuide la integridad de los ciudadanos.
Los médicos quienes trabajaron en la iniciativa como expertos en la materia en la voz del Dr. Vicente Placencia Valadéz, expresaron su agradecimiento a la apertura del Congreso y en su preámbulo destacó el deseo de servir y mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que reiteró todo lo que se hace en el ejercicio de la medicina es basado en experiencia y conocimiento y añadió; sabemos del derecho que todos tenemos de estar en desacuerdo con la contraparte a través de los mecanismos, instancias y mediaciones en tribunales para resolver desavenencias.
Pedimos enfatizó, que las desavenencias no sean dirimidas mientras el médico está en la cárcel por complicaciones en las operaciones en calidad de mientras, existiendo muchos casos y a los seis meses se demuestra su inocencia perdiendo el profesional de la medicina, grandes cantidades de dinero y su reputación ya que es una clase de presión económica por otorgar el perdón, aunado al gasto de la defensa legal además de que los profesionales se encarcelan con personas que delinquieron de una u otra manera, pudiendo perder su patrimonio y prestigio.